El Gobierno nacional entendió claramente el mensaje con tonada tucumana que le transmitieron las urnas en las últimas elecciones: el bastión peronista del corazón del norte del país es inexpugnable. Al menos con las armas y las reglas de juego establecidas por quienes gobiernan la provincia hace década y media.
A partir del análisis de esos resultados y de la postura belicosa que adoptó la dupla Manzur-Jaldo, en la Nación habrían lanzado una renovada estrategia respecto de su relación política e institucional con quienes administran Tucumán. El gobernador y el vice, rápidos de reflejos, ni bien culminó el proceso electoral también viraron su plan e intentaron dejar en claro que los ataques a Mauricio Macri eran parte de la pirotecnia de campaña y que ahora querían trabajar en conjunto. Demasiado tarde. La Nación ya puso en marcha un programa de hostigamiento hacia los líderes políticos de estas tierras subtropicales, con ataques de leve relevancia social, pero de alto impacto político.
El primer indicio de ese cambio de postura fueron las notas de la Oficina Anticorrupción dirigidas al Juzgado Federal N° 1 de Tucumán. Laura Alonso, titular de la OA, le solicitó a Daniel Bejas dos cuestiones puntuales respecto de la investigación por presuntas irregularidades en el Plan Más Cerca. El primero, una audiencia para tomar conocimiento del estado de la investigación; el segundo, que le permita acceder al expediente y, de ser necesario, que la habilite a sacar copias. El sorpresivo interés de Alonso en el caso no parece casual, teniendo en cuenta que ya hace dos años que la senadora Silvia Elías había pedido a la OA que se involucre en el tema. No supo tener éxito esa solicitud hasta ahora, cuando el Manzur de 2017 no es el mismo que el modelo 2015. Al menos en su relación con la Casa Rosada.
El segundo síntoma de que la Nación se para de otra forma ante el Gobierno provincial fue la decisión de designar dos veedores para que observen el funcionamiento de la Justicia tucumana. Esa fue, directamente, una “mojada de oreja”. El listado de casos a monitorear y la yunta de delegados federales habla de un fuerte mensaje político para los de estas tierras: el macrismo salió a jugar fuerte.
Por mandato o por “venganza”
Las interpretaciones sobre la motivación de Cambiemos para encarar esta nueva estrategia son tan diversas como los colores: van del blanco al negro. Los macristas “litúrgicos” afirman que no es más que una respuesta a los votantes que con fe ciega creen que el Presidente garantizará que -al menos- haya Justicia. Los más políticos, en cambio, observan un ajuste de cuentas ante los vaivenes e irreverencias de un Manzur que tira la piedra y esconde la mano. Ya no sería ni funcional ni cercano, sino enemigo.
El oficialismo vernáculo entendió de sopetón que ahora reciben la furia de un Cambiemos fortalecido, y no mojigato ni permeable a la negociación. Fue cuando se enteraron que Juan Robles y Ana Colombres Garmendia caían encima de jueces y fiscales con preguntas sobre causas incómodas para el poder. El mazazo despabiló al ministro de Gobierno y a la secretaria del área. “La Corte debe considerar si corresponde admitir a los veedores”, advirtió Regino Amado. Carolina Vargas Aignasse salió con un mensaje dirigido a taponar uno de los reclamos reincidentes de la Nación, el de la reforma política. “La competencia sobre la reforma política es exclusiva y excluyente de la provincia”, dijo. Justo ahora, cuando la Nación presiona, reapareció el empolvado y olvidado Tucumán Dialoga.
La gestión de Manzur para que se selle la reforma fiscal con la Nación apenas habría servido -aún no está claro- para evitar un perjuicio financiero y productivo para Tucumán. Todavía se desconoce hasta dónde llega el ímpetu nacional por desdibujar la eterna sonrisa del gobernador. En la gatera guardan las cinco causas que enfrenta por su gestión como ministro de Cristina Fernández. Paradójicamente, ella, a quien le dio la espalda cuando pisó este suelo hace dos días, podría terminar siendo clave en su futuro. El pasado nunca muere.